Pablo Kuczynski, jefe de estado peruano, presentó su renuncia luego de la crisis política que se desató en el país, como consecuencia de la publicación de audios y vídeos que muestran a uno de sus aliados comprando votos de parlamentarios.
Las escuchas fueron difundidas por el Partido Popular liderado por Keiko Fujimori – de la oposición- que muestran a Kenji Fujimori -su hermano, y aliado del Kuczynski- y a otros congresistas intentando comprar el voto de algunos parlamentarios para evitar la destitución del Presidente.
Para este jueves 22 de marzo estaban previstas las tratativas en el Congreso peruano para la remoción del Presidente de su cargo ya que está acusado de haber tenido vínculos económicos con la compañía brasileña Odebrecht cuando era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo.
Esta iba a ser la segunda vez desde la asunción de Kuczynski que se iba a tratar su remoción del cargo en el Congreso. El primer intento fue en diciembre de 2017, pero en esa instancia no se alcanzaron los votos necesarios para tal requerimiento; ya que en ese entonces Kenji Fujimori -oficialismo- se abstuvo de votar con otros 9 parlamentarios más de Fuerza Popular. Esto generó en la opinión pública peruana fuertes sospechas de negociado con el gobierno.
Pocos días después del hecho, el presidente aprobó un indulto para el expresidente Alberto Fujimori, padre de Kenji y Keiko, quien debía cumplir una pena de cárcel hasta 2032 por delitos de lesa humanidad; hecho que confirmó las sospechas de la prensa.
El presidente dio a conocer su renuncia tras las fuertes declaraciones. Kuczynski sostuvo que lo mejor fue que renunciara ya que no quería ser un “escollo” para Perú. Además aclaró que las grabaciones en su contra fueron «editadas y selectivamente tendenciosas» con el objetivo de perjudicarlo durante la votación de remoción de su cargo.
La crisis política e institucional empezó a poco de asumir el cargo Kuczynski , luego de que la firma Odebrecht informara al Congreso peruano que había pagado US$4,8 millones a dos firmas de asesoría vinculadas al empresario , una de ellas cuando él era funcionario.
Algo similar pasó en la Argentina con la constructora brasileña donde también reconoció haber pagado coimas por 35 millones de dólares entre los años 2007 a 2014, a funcionarios argentinos. La justicia desde entonces entró en una profunda investigación para poder dilucidar quiénes fueron los funcionarios coimeados, quiénes operaron como sus intermediarios en los pagos y qué circuito financiero se utilizó.
El alcance de la investigación argentina podría llegar a comprometer directamente al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime; al ex ministro y actual diputado, Julio De Vido; a la ex presidenta Cristina Fernández; al primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra; y al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas.
A diferencia del proceso peruano, en Argentina todavía se siguen esperando respuestas y poco cambió el escenario político desde que la empresa brasileña admitió el pago de sobornos a funcionarios; algo que en Perú si se dio forma distinta.
Informe de Felipe Aliaga
