“Avalamos una parte del paquete fiscal, pero el Gobierno debe dejar de amenazar a las provincias”, advirtió el gobernador de Córdoba. Se espera una semana movida en lo político. Mientras tanto, el oficialismo nacional espera que el proyecto de ley de «Bases» sea debatida este mismo martes.
El gobernador de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora, se refirió al proyecto de “ley ómnibus”. Se trata de la ley que el oficialismo nacional espera poder aprobar esta semana en Diputados para luego dar rápido tratamiento en el Senado.
El mandatario provincial destacó que los sectores “dialoguistas” están dispuestos a acompañar varios puntos de esa iniciativa. Entre los que están el blanqueo, Bienes Personales, las leyes de fomento a las inversiones, la suba del impuesto País, el sostenimiento del fondo educativo, lo referido al fomento de las inversiones, etc.
En ese marco, Llaryora se mostró favorable a que este martes el proyecto de Ley de «Bases» sea aprobado con media sanción en Diputados. A su vez, manifestó su posición respecto de la norma que se pretende aprobar. “Consideramos que no debe aprobarse la suba de ningún derecho de exportación, ni Ganancias, ni las reformas previsionales. Pero hay una parte del paquete fiscal que puede aprobarse porque todos entendemos que hay que buscar el equilibrio y que el Gobierno debe tener las herramientas para cumplir las metas que se trazó”, indicó Llaryora.
No obstante, Llaryora reiteró que los diputados de su fuerza votarán en disidencia en varios artículos. En una reunión virtual que mantuvo el mandatario con otros gobernadores “dialoguistas” se reiteró el rechazo por ejemplo a los artículos que suponen subas en impuestos no coparticipables.
En el mismo sentido, ratificó que los diputados del peronismo cordobés pedirán modificaciones en el dictamen principalmente en lo que refiere a biocombustibles, mientras que no apoyarán las privatizaciones del Banco Nación, de Fabricaciones Militares, Dioxitek, de Fadea ni de los Servicios de Radio y Televisión de la UNC.
Tampoco acompañarán las modificaciones que se prevén en materia ambiental ni los cambios que afectan el financiamiento de los institutos de promoción de actividades culturales.
