El gobierno de Verónica Diedrich en Villa La Bolsa, ya en sus últimos capítulos luego del plebiscito en urnas del pasado 25 de junio, sigue dando que hablar.
Un nuevo escándalo. Se conoció a través de una denuncia realizada por la presidenta del Tribunal de Cuentas de Villa La Bolsa, un dato que indignó a muchos vecinos.
De acuerdo a lo expresado por Liliana Flores, «la Jefa Comunal, con la firma del Tesorero, se saca un préstamo de $ 300.000, y titula la orden de pago como ´adelanto de haberes´».
Pero la Tribuna de Cuentas va más allá en sus apreciaciones, e incluso abre un debate acerca de que «lo legal no siempre es moral». Da cuenta, incluso, de otras situaciones que se viven desde el órgano directivo comunal que no irían precisamente de la mano con acciones transparentes.
A continuación, compartimos el escrito que Liliana Flores dio a conocer a través de sus redes sociales:
LO LEGAL NO SIEMPRE ES MORAL
Esta afirmación puede parecer polémica, pero quiero compartirles un ejemplo que la explica con claridad: la Jefa Comunal de Villa La Bolsa, con la firma del Tesorero, se saca un “préstamo de $ 300.000” y titula la orden de pago como “adelanto de haberes”.
Ahora bien: si así fuese, se lo descontaría al mes siguiente y no en tres meses. De modo que cuenta efectivamente como un préstamo… ¡y sin interés!
Cabe aclarar, además, que no solo su remuneración casi cuadruplica el sueldo promedio de los empleados, sino que puede gozar de hasta $150.000 en concepto de viáticos por simple resolución firmada por el mismo órgano directivo.
No deja de llamar la atención, en este mismo sentido, que solo aquellos funcionarios que el Ejecutivo considere gozan de atribuciones y beneficios como estos. Recuerdo, por ejemplo, la contratación de líneas corporativas para el uso de sus familiares. O que la camioneta particular de la Jefa Comunal se encuentra afectada para el uso de la comuna, cuando en verdad sirve para su traslado personal… con nafta y mantenimiento pagados por la comuna; o que su marido se aumentó los haberes en un 60% de un mes para el otro.
Todo esto se da dentro de un marco legal con resoluciones que respaldan estas decisiones, de modo que son actos legales… pero profundamente inmorales.
A la vez, el hecho de usar al Estado y a sus Leyes para beneficio propio derrumba el argumento que expresa que no provenir del ámbito político resulta garantía de honestidad.
No se trata de hacer demagogia prometiendo no cobrar remuneración alguna, tal como escuchamos de boca de más de uno durante la campaña. Personalmente me asustan esos planteos, porque si se trabaja duro y con responsabilidad el pago debe ser justo. Caso contrario, la situación se presta para todo tipo de especulaciones.
Dejo esta reflexión sabiendo que, tal como me tienen acostumbrada, vendrá alguna represalia. Pero sigo sosteniendo la convicción de no salirme del camino trazado el 10 de diciembre de 2019, día en que asumí el cargo como Presidenta del Tribunal de Cuentas.
Ojalá no se den este tipo de situaciones en próximas gestiones. Pero si suceden, ojalá que nunca dejen de salir a la luz. Porque se trata de información pública que suele ocultarse deliberadamente, con la misma inmoralidad.
