Por Juan Carlos Gamero
La frase «matar al mensajero» surgió de aquellos tiempos cuando las noticias las comunicaban personalmente mensajeros enviados a tales fines. Si la noticia era buena, se festejaba. Si era mala, se ajusticiaba a quien la había comunicado. Pasando en limpio, la frase implica culpar a la persona que trae malas noticias en lugar de abordar la situación que las generó, mostrando una falta de responsabilidad o capacidad para enfrentar la realidad.
Y en Argentina el gobierno nacional optó por «matar al mensajero» en el caso de los audios que supuestamente habría decidido hacer públicos un funcionario. Audios de supuestos actos de corrupción, de coimas institucionalizadas que involucrarían a altos funcionarios del gobierno nacional.
Concretamente, los audios indican que para que un laboratorio pueda firmar contratos con el Estado, debe «pagar un peaje» del 8% de la facturación. Grave. Sobre todo para un gobierno nacional que se llena la boca hablando contra la corrupción.
Más grave cuando los audios implican directamente a personas muy cercanas al presidente como Eduardo «Lule» Menem y la mismísima Karina Milei. Peor aún cuando de estos audios se desprende que el propio mandatario nacional estaría al tanto del supuesto entramado de «retornos» de dinero entre los laboratorios y la Agencia de Discapacidad, contratante en nombre del Estado.
¿Qué hizo el gobierno encabezado por Milei?. Lejos de abrir una investigación seria para conocer hasta dónde es verdad y hasta donde no lo es lo difundido, optó por despedir a Eduardo Spagnuolo, titular de la Agencia de Dispacidad. En su lugar se nombró como Interventor al Dr. Alejandro Vílchez. Implícitamente se lo sindicó como quien (vaya a saber por qué razones) hizo circular los audios en cuestión. O sea, no enfrentó la realidad. Optó por matar al mensajero.
Evidentemente, en este país pareciera ser que lo malo no es sucedan cosas, sino que se sepan. Grave. Gravísimo.
