Desafiando a los jueces y al sistema político mismo, el Partido de los Trabajadores (PT) registró al ex presidente brasileño Lula Da Silva como candidato a las elecciones presidenciales de octubre.
Aún desde la cárcel, Lula ha convertido el trámite de su inscripción en un despliegue de popularidad: la «Marcha Nacional Lula Libre». Decenas de miles de seguidores se desplazaron hasta Brasilia y desfilaron durante seis kilómetros hasta la misma puerta del Tribunal Electoral, donde se realizó la inscripción, previo discurso de la presidenta del PT, Gleisi Hoffman y la expresidenta Dilma Rouseff.
Pero las ilusiones poco duraron ya que la procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, pidió la impugnación de la candidatura. La funcionaria se apresuró en pedir el rechazo y decidió presionar al Tribunal Superior Electoral (TSE) para que se expida rápidamente. En su solicitud argumenta que Lula es «inelegible» por tener sentencias condenatorias en los juzgados de primera y de segunda instancia.
La Corte tiene tiempo para decidir qué hacer hasta el 17 de septiembre próximo, plazo final para que los partidos consigan sustituir los candidatos excluidos por el TSE.
Como se podía esperar, el TSE ya produjo la primera resolución contra Lula. Rechazó sin ninguna contemplación el reclamo formulado por la defensa del ex jefe de Estado, para que éste pueda participar con los otros candidatos en los debates públicos por televisión. “Es público y notorio que la segregación impuesta al pretendido candidato, cuyo análisis de viabilidad será oportunamente analizada, proviene de la determinación de la justicia de mantenerlo en prisión”, dictaminó el juez de la Corte electoral, Sergio Banhos.
Lo cierto es que el caso «quema» las manos de los jueces electorales. Tanto que ya hay uno que decidió salir del camino: Luis Roberto Barroso, quien también es ministro de la Corte Suprema. Sobre él había recaído el análisis del proceso y las conclusiones. Pero el magistrado pidió ya que designaran a otro.
Fuente: El Mundo
