Hace nueve días, la justicia denegó la participación como terceros interesados que habían solicitado vecinas y vecinos de la ciudad junto a la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables . Es por eso que hoy, se decidió apelar esta decisión.
En la mañana este jueves, Fundeps, junto al colectivo social Todos por Nuestros Arroyos presentaron un recurso de apelación, luego de que el Juzgado Civil, Comercial y Familiar de 2ª Nominación de Alta Gracia rechazara la participación de ambos espacios como terceros interesados en el juicio entre Potrerillo de Larreta y la Provincia de Córdoba.
La presentación para ingresar como terceros interesados se dio en 2018, cuando Todos por nuestros arroyos junto a Fundeps solicitaron la participación en el proceso judicial luego de analizar que el Municipio, tercero interesado en el juicio, nunca planteó una estrategia conjunta. Luego de la presentación y de los reclamos por la falta de respuesta, el Juzgado mencionado rechazó el pedido.
En el escrito de apelación, se plantean los argumentos frente al rechazo judicial, que entre otros estaban vinculados a que la Provincia y la Municipalidad representan los intereses del conjunto, o que no hay una afectación directa para que las y los vecinos puedan ingresar en el proceso.
En diálogo con Fabiana Marbián, vecina de Alta Gracia e integrante de Todos por nuestros arroyos, expresó que ellos no tendrían que haber necesitado una apelación. «Tanto FUNDEPS como los vecinos tendrían que haber sido admitidos como terceros interesados en un juicio que ya tuvo sentencia a nuestro favor y que luego fue revocada por la cámara de apelación -esto hablando de la causa de fondo que es la presencia de un alambrado colocado en un arroyo público para el usufructo de un emprendimiento privado-.
Apelamos el rechazo porque nuestro pedido es que se apliquen las leyes. Consideramos que los primeros interesados somos los vecinos en una diatriba que afecta a toda la ciudad: al cortar el cauce casi en la naciente, se reduce el caudal del arroyo en todo su recorrido.
Además, rechazando la intervención de los vecinos se crea un precedente sumamente negativo en todas las causas que abordan los daños medioambientales provocados por el avance de los privados en el espacio público.»
