La última decisión denegó la participación como terceros interesados que habían solicitado vecinas y vecinos de la ciudad junto a la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables en el juicio que Potrerillo de Larreta S.A. inició en contra de la Provincia de Córdoba; por el arroyo de Alta Gracia.
El colectivo social Todos por Nuestros Arroyos manifestó su disconformidad ante la decisión del Juzgado Civil, Comercial y Familiar de 2da Nominación de Alta Gracia.
«El juicio sigue de la misma manera. La cuestión de fondo ya se resolvió, se falló en contra de Potrerillo de Larreta, por lo tanto tenía que remover los alambres. De todas maneras, Potrerillo apeló y lo llevo a otra instancia en la cámara, y le dieron una medida cautelar para que siga alambrado hasta que se resuelva» explicó Diego Heredia, miembro de Todos por nuestros arroyos. Además agregó que la última decisión afecta la participación de los actores, ya que mediante esta decisión se les niega participar a colectivos sociales.
«Es lamentable que se haya considerado que no es pertinente nuestra participación, y entre los argumentos se haya tomado la idea de que no tenemos motivos para sentirnos legitimados para participar del juicio. Este caso movilizó a toda Alta Gracia, que entendió que no puede haber más alambres en los espacios que nos pertenecen a todas y a todos”, manifestó Fabiana Marbián, miembro de Todos por nuestros arroyos.
Por su parte, desde la Fundeps, manifestaron que apelarán la decisión judicial: “El rechazo afecta seriamente derechos fundamentales de la ciudadanía”. La Fundación mencionó entre los derechos afectados, la denegación de la participación de vecinos y vecinas en una controversia en la que se encuentra en juego el acceso a un arroyo -sujeto al dominio público- y el goce de sus servicios ambientales, que va en contra de la garantía de acceso a la justicia, del derecho a gozar de una tutela judicial efectiva, como así también del goce del derecho al ambiente.
“La participación de la sociedad civil en este tipo de procesos es clave para el mejoramiento de la actividad jurisdiccional en asuntos de interés público y para una democratización del debate judicial” sentenció Fundeps.
