La inauguración de la nueva sede del Concejo Deliberante de Córdoba Capital ha desatado un debate entre modernización institucional y necesidades ciudadanas. Mientras el gobierno destaca las ventajas de la nueva infraestructura, muchos cordobeses cuestionan la prioridad dada a este proyecto frente a las carencias urgentes en hospitales y escuelas.
En el marco de las celebraciones previstas por el 451º aniversario de la ciudad, la Municipalidad de Córdoba inauguró en la mañana del pasado sábado la nueva sede del Concejo Deliberante. Se trata de un hecho histórico para la ciudad ya que la promesa del nuevo edificio tardo varios años en concretarse. escuelas
La sede comenzó a diseñarse a partir de un concurso impulsado en 2006 por el entonces intendente Luis Juez. Luego de que se incendiaran las oficinas que ocupaba el Concejo en la torre del Garden Shopping. Después, la construcción quedó paralizada por años hasta que pudo retomarse el proyecto en el año 2020. En 2021 se volvió a convocar a los arquitectos que diseñaron el edificio para que lo actualizaran. En junio de 2022 comenzaron los trabajos finales.


Actualmente el Concejo funciona en un galpón que funcionaba como depósito de repuestos. En el pasaje Comercio ubicado en la zona de Humberto Primero y Cañada. Pero a partir de ahora pasará a localizarse en la avenida Costanera, entre Alvear y Maipú.
Sin embargo, la reciente inauguración ha generado un intenso debate en la ciudad. Si bien este nuevo edificio representa un avance significativo en términos de infraestructura y modernización para la administración municipal, muchos ciudadanos expresan su descontento ante lo que consideran una inversión desproporcionada en comparación con las condiciones en que se encuentran los hospitales y colegios de la provincia.
La nueva sede, ubicada en el centro de la ciudad, ha sido presentada como un espacio moderno y funcional que permitirá un mejor desempeño de las tareas legislativas. No obstante, para muchos cordobeses, este despliegue de recursos contrasta fuertemente con las necesidades urgentes en otros sectores clave.
Lo cierto es que, más allá de las opiniones divididas, la situación pone de manifiesto la necesidad de un diálogo abierto y constructivo entre las autoridades y la ciudadanía. La demanda de mejoras en los servicios esenciales es legítima y urgente. Encontrar un punto de equilibrio entre el desarrollo institucional y la atención a las necesidades básicas es un desafío. El cual requiere compromiso y colaboración de todas las partes involucradas.




