Este martes, desde las 17, personas con discapacidad, familias, prestadores e instituciones de Córdoba concentrarán en Colón y General Paz para llevar adelante una clase pública y posteriormente marchar hasta la sede local de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Este martes, desde las 17, personas con discapacidad, familias, prestadores e instituciones de Córdoba concentrarán en Colón y General Paz. Esto para llevar adelante una clase pública y posteriormente marchar hasta la sede local de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Ubicada en 9 de julio 360, para visibilizar el «estado de emergencia» que atraviesa al sector.
En «Siempre a las 10» de AGNoticias por Radio Sierras 94.9 FM dialogamos con Gustavo Bustos, director del Centro de Día de la Fundación Espacios, quien nos comentó: «Estamos bastante preocupados. Para todas las personas con discapacidad existe una ley de prestaciones básicas. Lo que hace de alguna manera es explicitar o enunciar los servicios de salud que deben estar contemplados para todas las personas por igual».
Lo que anda circulando desde la semana pasada es un proyecto de ley de Nación que lo que haría sería desregularizar esta situación. De alguna manera ya los aranceles no estarían bajo este sistema único de reintegro, sino que cada obra social podría decidir los aranceles en función de cada obra social».
A continuación Gustavo señaló que, con esta ley, habría personas que porque tienen una obra social que paga a lo mejor un valor «más o menos justo», podrían acceder a diferentes tipos de servicios. «Distinto a una persona que de repente tiene otra obra social o un porgrama del estado, de repente va a decidir que va a pagar otro valor. Entonces, lógicamente, no se van a encontrar con la misma calidad de oportunidades. No todos los prestadores van a poder acceder al trabajo con determinadas obras sociales».
«Necesitamos que desde el Gobierno se puedan expedir oficialmente como para poder garantizar alguna manera de que esto a lo mejor no sea real y que si llegara a ser real, concientizar y devolver de que esto directamente vulnera los derechos de las personas con discapacidad. Sobre todo en lo que hace al derecho a la igualdad. Estamos acostumbrados de que en el ámbito de la discapacidad a tener que movilizarnos y hacernos escuchar».
El director explicó que no todas las familias de las personas con discapacidad tienen la posibildiad de hacerse escuchar, de comprender de qué se trata y de la gravedad de lo que implicaría este proyecto de decreto. «Si esto no es solamente un proyecto y toma fuerza, en el momento en el que se concrete quizás es demasiado tarde. Esto genera una situación de incertidumbre en las familias y las instituciones. Estamos en una primera etapa de visibilizar lo que significaría esta disolución del Sistema Único de Reintegro».
Por otra parte, ante la pregunta de si está censado en Alta Gracia cuántas personas con discapacidad, familias y prestadores hay, Gustavo aseguró: «No lo tengo ahora a mano. Sin duda sería un dato que sorprendería. Basta solamente con transitar la ciudad, las diferentes instituciones y los distintos servicios que hay. Por suerte son bastantes personas súper implicadas en los derechos de las personas con discapacidad».
«Esta es una situación que afecta tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores. Se ha naturalizado a lo largo de los años un sistema de pagos que es casi perverso te diría. Profesionales cobran a 30, 90 o hasta a 120 días de haber realizado su trabajo a precio de ese momento. En esta situación inflacionaría es muy complicadoque tanto prestadores como instituciones puedan seguir sosteniendo los servicios».
Gustavo concluyó precisando de que hoy se trata de dos puntos distintos pero conexos. «En común estaría la precarización la cual siempre está orientada hacia el mismo lugar. Nos vemos afectados todos: prestadores y las personas con discapacidad. Con la clase abierta queremos concientizar y visibilizar, no vamos a reclamar. Hoy la prioridad pasa por este proyecto de ley«.
