Hemos hablado a lo largo de estas columnas sobre derechos, deberes, sobre documentación y trámites. Hemos visto que como ciudadanos es necesario informarnos para ejercer debidamente nuestros derechos y cumplir acabadamente con nuestros deberes.
Hoy me voy a dedicar a contarles que cada vez que tenemos relación con agentes o funcionarios públicos de cualquier índole, cada uno cumple un rol. Pero esos roles no van en desmedro uno del otro, ni tienen relación jerárquica en cuanto a los derechos inherentes al ser humano.
Tal vez suene poco claro pero lo cierto es que es sumamente sencillo.
En toda interacción entre dos o más personas hay lo que se denomina “relación de poder”. La relación de poder es simplemente el rol de cada uno en la acción que se desarrolla entre las partes. Si vas al almacenero de la esquina y le pedís un kilo de arroz, te lo vende y le pagás, hicieron un contrato simple de compraventa en el que la relación de poder está en equilibrio. Ambas partes han tenido casi los mismos derechos y los han ejercido sin ningún problema.
Cuando vamos a hacer trámites a una repartición pública, cuando un policía nos para en la calle; cuando tenemos que peticionar algo ante un organismo del estado. O cuando tenemos una conversación por cualquier motivo con quien denominemos “autoridad”, la relación de poder cambia un poco e inclina la balanza hacia quien, por el simple hecho de tener un rol en algún cargo público, se considera con mayor autoridad que el ciudadano de a pie.
Esto no supone ningún problema siempre y cuando el que ejerce la parte más “fuerte” en esa relación de poder, haga su tarea o cumpla con su función respetando los derechos ciudadanos de quien está del otro lado de esa relación.
Pero lo cierto es que muchas veces nos encontramos con “autoridades”, agentes o funcionarios, que ejercen ese poder que circunstancialmente le ha dado el estado de manera incorrecta y lo que era “autoridad” se convierte en autoritarismo y afecta derechos básicos e innegables de los ciudadanos.
La violencia institucional es justamente eso, que cualquier agente o funcionario público en el ejercicio de su cargo ejerza violencia física, verbal, sexual, emocional, económica o de cualquier tipo contra un ciudadano, violando así sus derechos fundamentales.
Es muy importante que comprendamos que si bien por vivir en sociedad estamos sometidos a relaciones de poder y autoridad, eso no significa de ninguna manera que un funcionario o agente público pueda violar nuestros derechos como seres humanos. Nos deben el mismo respeto que les damos y no hay que soportar ningún tipo de maltrato ni permitir ningún aprovechamiento del rol que ocupan.
Definámosla un poco mejor
La violencia institucional son acciones u omisiones de las autoridades que obstaculizan, demoran, impiden o dilatan el goce y el ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos, o su acceso a políticas públicas destinadas a prevenir, erradicar, investigar o sancionar cualquier tipo de violencia.
Pongamos algunos ejemplos.
¿Viste cuando vas a una comisaría y no te quieren tomar la denuncia? Bueno, eso.
¿O cuando te demoran sin ningún motivo aparente y te maltratan por la cara o la ropa? Bueno, eso.
¿Viste cuando vas a un Ministerio y no lográs que nadie te reciba una nota en la que estás pidiendo el cumplimiento de algún derecho? Bueno, eso.
¿O viste cuando pasa mucho tiempo y en la repartición pública no contestan un pedido concreto sin ninguna justificación? Bueno, eso.
¿Viste cuando te piden tantos papeles, o dan vueltas sobre lo que ya presentaste para no darte acceso a determinado beneficio? Bueno, eso.
¿O por ejemplo, viste cuando una persona está internada en una institución psiquiátrica y no recibe la atención correspondiente? Bueno, eso
Y podríamos seguir dando miles de ejemplos.
No tenemos que confundir las demoras propias del Estado, que aunque no estén bien, son algo relacionado más bien a la burocracia, con la violencia institucional. No siempre el “obstáculo” está basado en violencia sino muchas más veces en falta de eficiencia.
La violencia la sufrimos y la sentimos cuando nos discriminan, cuando nos maltratan, cuando abusan del poder que ejercen.
Por suerte, cada vez vamos más en camino a que se visibilicen estas cuestiones y se pongan sobre la mesa para que ocurran cada vez menos.
Tanto así que se ha declarado el día 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
Y vos te estarás preguntando si hay algo por hacer. Y la respuesta es absolutamente SI.
La violencia institucional se denuncia, no sólo en comisarías y en fiscalías como cualquier delito común, sino también de una manera sencilla y gratuita que es comunicándote telefónicamente con la Secretaría de Derechos Humanos al 0800-122-5878
También podés contar tu caso por mail: [email protected]
Conocé tus derechos ciudadanos y ejercelos con respeto. Exigí que te traten igual.
