Tras el rechazo de un artículo del Presupuesto 2026 que buscaba derogar leyes clave, prestadores siguen enfrentando demoras en los pagos, recortes y una fuerte incertidumbre. Desde Fundación Espacios, su referente Verónica Antúnez advierte sobre el impacto directo en las familias y anticipa que la lucha continuará.
La situación del sector de discapacidad continúa atravesando un escenario crítico a nivel nacional. Si bien en las últimas horas se produjo un giro en el tratamiento del Presupuesto 2026, al no aprobarse el capítulo que incluía la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, la incertidumbre persiste entre prestadores, instituciones y familias. En diálogo con AGNoticias, Verónica Antúnez, referente de Fundación Espacios, explicó lo siguiente:
“El año fue sumamente complejo, con leyes que se aprobaron en el Congreso pero que luego quedaron suspendidas al momento de su aplicación por decisión del Estado Nacional”.
Según detalló, horas antes del tratamiento del presupuesto se incorporó un artículo que buscaba derogar normativas fundamentales. Lo que encendió nuevamente las alarmas en el sector.
Antúnez señaló que, aunque ese artículo finalmente no fue aprobado, el Gobierno Nacional continúa sin cumplir la ley, motivo por el cual las instituciones debieron recurrir a la Justicia.
“Hoy estamos en una nueva instancia judicial, porque el Ejecutivo volvió a apelar una sentencia favorable a las personas con discapacidad y a los prestadores”, indicó.
En relación a los aumentos anunciados, la referente explicó que se otorgó un incremento escalonado cercano al 30%. Pero aclaró que el sistema de pagos profundiza la crisis. “En discapacidad, lo que trabajamos hoy lo cobramos tres meses después, y eso en el mejor de los casos”, afirmó.
La situación impacta de lleno en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Desde Fundación Espacios reconocen que debieron realizar recortes, lo que afecta tanto a profesionales como a familias. “Hay obras sociales que adeudan todo el 2025 o cuyo último pago fue en junio. Eso nos obliga a tomar decisiones muy dolorosas”.
La referente también remarcó que se trata de una problemática federal y no aislada. Como parte de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (CAPREDIS), sostuvo que las más de sesenta instituciones que la integran atraviesan dificultades similares, al igual que prestadores de todo el país.
De cara al 2026, Antúnez aseguró que el sector seguirá adelante pese a la adversidad. “La resiliencia es parte de quienes trabajamos con discapacidad. Vamos a seguir luchando y, si es necesario, recurriremos a organismos internacionales para que se cumpla la ley”, concluyó.
