La iniciativa impulsada por el oficialismo contempla gestiones para el traspaso del servicio eléctrico a EPEC, el ingreso de nuevos operadores a redes existentes y estudios patrimoniales vinculados a posibles expropiaciones. El proyecto, que consta de 38 artículos, también prevé auditorías, fiscalizaciones y presentaciones ante organismos competentes.
El municipio de Anisacate impulsa un proyecto de ordenanza que abre una nueva instancia de discusión sobre la prestación de los servicios que actualmente brinda la Cooperativa de Anisacate. La propuesta aborda tanto la distribución de energía eléctrica como las redes de internet y otros componentes de la infraestructura existente.
El texto, compuesto por 38 artículos, reúne distintas herramientas administrativas y jurídicas con las que el Ejecutivo municipal busca intervenir en cuestiones vinculadas a la prestación, el control y la organización de estos servicios.
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de gestionar el traspaso del servicio eléctrico a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). La iniciativa también contempla medidas para facilitar el acceso de nuevos operadores a infraestructura existente y realizar estudios sobre los bienes de la Cooperativa.
El traspaso del servicio eléctrico y el ingreso de nuevos operadores
El artículo 16 del proyecto habilita al Ejecutivo a impulsar diferentes modelos de gestión, entre ellos la municipalización, la privatización y la expropiación. Además, incorpora la posibilidad de solicitar el traspaso del servicio eléctrico a EPEC.
La propuesta se enmarca en la discusión sobre el futuro de la prestación eléctrica en Anisacate y plantea la posibilidad de modificar el esquema actual. Sin embargo, el proyecto no establece por sí mismo una transferencia inmediata del servicio.
La iniciativa también alcanza a las redes de internet y a otras instalaciones utilizadas para brindar servicios. Los artículos 12 y 13 proponen facilitar el acceso de nuevos operadores a infraestructura existente y contemplan que la negativa de los prestadores a colaborar pueda ser considerada una falta grave.
Estas disposiciones abren una discusión sobre las condiciones de utilización de redes, postes y otras instalaciones, así como sobre las atribuciones del municipio para intervenir en esa materia.
Auditorías, investigaciones y posibles expropiaciones
Otro de los ejes del proyecto está relacionado con el funcionamiento institucional y el patrimonio de la Cooperativa.
El artículo 23 propone impulsar investigaciones sobre libros contables, documentación, actos de los órganos sociales y otras actividades de la entidad. También contempla la posibilidad de solicitar una intervención judicial, siempre que se verifiquen las condiciones previstas por la legislación vigente.
Por su parte, el artículo 24 habilita al Ejecutivo a promover denuncias ante organismos de defensa del consumidor y de defensa de la competencia.
En tanto, el artículo 29 contempla relevamientos patrimoniales, mensuras, inventarios y tasaciones que podrían servir como instancias preparatorias para eventuales procesos de expropiación.
De este modo, la iniciativa no se limita a plantear cambios en la prestación de los servicios, sino que también incorpora mecanismos de fiscalización y actuaciones vinculadas a los bienes de la Cooperativa.
Las competencias municipales y el marco regulatorio provincial
El alcance de las medidas propuestas plantea interrogantes sobre las facultades del municipio frente a servicios sujetos a regulación provincial.
La distribución de energía eléctrica se encuentra alcanzada por el marco regulatorio de la provincia de Córdoba y por las competencias de los organismos correspondientes, entre ellos el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP).
En ese contexto, las gestiones para modificar el prestador eléctrico deben ajustarse a los procedimientos y las competencias establecidos por la normativa vigente. La aprobación de una ordenanza municipal no implica, por sí sola, que pueda concretarse el reemplazo de un prestador sujeto a regulación provincial.
Del mismo modo, las posibles intervenciones sobre bienes e infraestructura deben respetar los procedimientos legales aplicables. La inclusión de estudios preparatorios en el proyecto no equivale a una expropiación efectiva.
Un debate sobre el futuro de los servicios en Anisacate
La propuesta pone en discusión el alcance de la intervención municipal sobre los servicios que presta la Cooperativa, una entidad cuya infraestructura y actividad forman parte del funcionamiento cotidiano de la localidad.
Entre los aspectos que quedan bajo análisis se encuentran las condiciones para una eventual modificación del servicio eléctrico, el acceso de otros operadores a las redes existentes y las medidas de control e investigación previstas en el texto.
El proyecto también plantea interrogantes sobre las consecuencias que una eventual modificación del esquema de prestación podría tener para los usuarios, el patrimonio cooperativo y la continuidad de los servicios.
Por el momento, las medidas mencionadas forman parte de una iniciativa que busca habilitar actuaciones administrativas y jurídicas, sin disponer de manera inmediata el traspaso de la electricidad, la municipalización de los servicios ni la expropiación de bienes.