En la provincia de San Juan se llevó a cabo la aplicación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a la niña de 11 años que cursaba un embarazo de 18 semanas a raíz de los reiterados abusos cometidos por su padrastro.
El pedido de interrupción de embarazo fue realizado por las Defensoras Oficiales de Menores e Incapaces, Patricia Sirera y Laura Romarión, ya que la niña no cuenta con tutores y su madre está detenida por complicidad con el hecho. El riesgo de muerte materna en la menor era altamente probable.
La provincia de San Juan no adhiere al protocolo ILE, sin embargo, esta vez se pudo llevar a cabo en el Hospital Rawson y la niña se encuentra en buen estado.
Antes del mediodía, las dos asesoras intervinientes, en rueda de prensa aseguraron: «Pedimos que fuera el mejor posible, el menos invasivo y que se cuidara a la niña. Es una criatura de 11 años. Se tuvo en cuenta su voluntad y el diagnóstico médico. La vida de la niña estaba en peligro. Tuvimos entrevistas con los equipos médicos que nos pusieron al tanto de las complicaciones que había y están plasmadas en un escrito judicial», señaló Sirera.
Por su parte, Laura Romarión indicó: «Es un derecho de la víctima y tenemos que velar por el derecho a la salud de la niña, la escuchamos. Ella no quería seguir con el embarazo, producto de una violación de su padrastro. Estaba muy tranquila; contenida por la psicóloga y ella expresó que quería terminar con ese suplicio que sentía».
Ante la notificación de la interrupción del embarazo a la menor violada, el titular del Primer Juzgado de Instrucción Benito Ortiz, solicitó que se preserve y realice el ADN al material de conservación genética para garantizar la investigación criminal contra el acusado de la violación. Además solicitó pericias psiquiátricas al padrastro y a la madre biológica de la menor para determinar su condición.
