La Corte Suprema dará a conocer este martes un fallo clave para jubilados.
El tribunal definirá con qué índice debe la Anses pagar los juicios de actualización de haberes y ajustar las remuneraciones de más de 150.000 jubilados con reclamos judiciales.
La sentencia es en base a la demanda iniciada por Luis Orlando Blanco, un trabajador que se jubiló en 2003 e inició por aquel tiempo el juicio por actualización de haberes. Blanco, como varios miles de jubilados, obtuvo una sentencia favorable. Ahora se discute de qué manera la Anses debe actualizar la jubilación y el pago del fallo.
El caso llegó a la Corte Suprema tras una apelación de Anses, luego de que la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social dictaminara a favor del jubilado.
Según trascendió, los votos de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda bastarían para formar la mayoría contraria a la posición del Gobierno.
El ente previsional pretende pagar el fallo y actualizar el haber de Blanco con el índice Ripte, sigla de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. La Anses usa el Ripte -promedio de toda la masa salarial formal- para calcular haberes iniciales y efectuar el re cálculo de ingresos desde la sanción de la Reparación Histórica. Y quiere liquidar las sentencias de quienes no adhirieron a la Reparación con el mismo indicador. Aduce que es más representativo y menos volátil que el Isbic. En la mayoría de los casos, calcular la sentencia y el haber con Ripte da más bajo que hacerlo con Isbic.
Entre los argumentos de los jueces de primera y segunda instancia que fallaron en contra de la Anses, se lee que la actualización con Ripte “vulnera la garantía constitucional del derecho adquirido”, ya que intenta imponer un índice de manera retroactiva: las resoluciones para pagar con Ripte datan de 2016 y son posteriores al inicio de las causas.
Una vez conocida la decisión de la Corte, deberá activarse la burocracia judicial y de Anses para implementar los pagos. Primero, el de Blanco. Luego, el de los 7000 expedientes análogos que se amarillean en los despachos del máximo tribunal -y que se firmarían en los próximos meses, en línea con el caso testigo-. Y, por último el de los otros 150.000 jubilados que esperan que el Gobierno deje de apelar sentencias y que la Justicia sea más ágil.
