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Finalmente, Macri no derogará el protocolo de interrupción legal del embarazo

Tras varias idas y vueltas, Mauricio Macri decidió no derogar el protocolo nacional para el aborto no punible y de esta forma sostendrá a Adolfo Rubinstein como secretario de Salud de la Nación.

Durante el miércoles por la noche, el Presidente ordenó anular una resolución que se publicó esa mañana, la cual actualizaba el protocolo para el aborto no punible, o la interrupción legal del embarazo (ILE).

Fue después de que dirigentes del macrismo salieran a cruzar al secretario Adolfo Rubinstein por aprobar la actualización del protocolo de interrupción legal del embarazo. Además de realizar tal anuncio mediante Boletín Oficial la actualización.

Entre los cambios más importantes se destacaba que las niñas y adolescentes de entre 13 y 16 años podían solicitar la práctica de la ILE sin que se les exija la autorización de los padres o tutores. También establecía que la práctica sobre embarazos de menos de 12 semanas podía ser en forma ambulatoria, con control médico. Antes esa recomendación alcanzaba a los de hasta 9 semanas.

Además, la modificación recordaba la responsabilidad civil y penal a aquellos profesionales que se negaran o trataran de redireccionar la decisión de la paciente.

La ILE establece que el aborto no es un delito cuando existen motivos de salud o cuando el embarazo es producto de una violación. Se puede acceder a ella a través de una declaración jurada en la que se deja constancia de una de esas dos alternativas. La actualización en cuestión fijaba que entre el pedido y la intervención no podían pasar más de diez días.

En la Casa Rosada acusaron al funcionario de no consultar con nadie la resolución y pidieron su renuncia. Sin embargo, durante las primeras horas del jueves todo parece tomar un rumbo diferente.

Vetado en menos de 12 horas, pero nuevamente aprobado

La secretaría de Salud de la Nación aprobó este miércoles la actualización del «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)», que regía desde el 2015.

Las modificaciones se adecuan a «normativas internacionales». Tenía el fin de establecer una «metodología de trabajo rigurosa y uniforme para el ámbito nacional», según una resolución publicada en Boletín Oficial.

La resolución oficial establecía el derecho de acceso a la ILE «sin incurrir en discriminación alguna e incluye en su línea de atención a todas las personas con posibilidad de gestar un embarazo. Asimismo no realizaba ninguna distinción relativa a su identidad de género ni a las prácticas sexuales que pudiera llevar a cabo».

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