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El Gobierno extiende prohibición de cortar los servicios públicos

El Gobierno extiende prohibición de cortar los servicios públicos

Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Gobierno nacional lo dispondrá este lunes; será para los prestadores de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable; no podrán cortar servicios hasta el 31 de diciembre próximo.

El primer artículo del DNU del Gobierno dispone que las empresas prestadoras “de servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente; telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°. Será en caso de mora o falta de pago de hasta 7 facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020” (el decreto 311, del 24 de marzo pasado, había dispuesto que la prohibición de corte se aplicaba para quienes debían hasta 3 facturas). 

Además, el DNU aclara que la prohibición de corte comprende a “los usuarios y las usuarias con aviso de corte en curso”; establece también que si un usuario accediera a un plan de facilidades de pago, “se considerará como una factura pagada”. 

El artículo segundo del decreto prorroga el plazo de 180 días que había establecido el decreto anterior de prohibición de corte; será “hasta el 31 de diciembre de 2020”.

La normativa también contempla el caso de usuarios del sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet. Aquellos que no hubiesen abonado recargas para acceder al consumo. Y estira hasta el 31 de diciembre la obligación de los prestadores de “brindar un servicio reducido que garantice la conectividad”. 

En sus considerandos, el DNU invoca la vigencia de “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social” que delegó en el Ejecutivo una serie de facultades, y el decreto 260, que amplió por un año el plazo de vigencia de esa ley a causa de la pandemia de coronavirus.

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