Este martes, dentro del Boletín Oficial, el gobierno nacional publicó el puntapié inicial para que los damnificados por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero (1995) puedan ser indemnizados por el Estado.
Mediante el decreto 309/2018, será el Ministerio de Defensa el encargado de llevar adelante el proceso para la actualización de las sumas a percibir.
La veintena de explosiones de depósitos de expedición y suministros del espacio militar terminó con la vida de siete personas, dejó una gran cantidad de daños materiales en viviendas y alrededor de trescientos heridos.
La Justicia confirmó que aquel hecho fue intencional, y buscó terminar con evidencia de la venta de armas del gobierno que comandaba Carlos Menem a Ecuador y Croacia.
Alrededor de diez mil personas aguardan respuestas por «daño moral o psicológico» surgidos de la voladura.
Es condición necesaria tener una demanda activa al sancionarse la Ley 27.179, de hace más de dos años y no ser parte de alguno de los resarcimientos (de montos importantes) que el Estado brindó los años posteriores al atentado.
Fuente: La Nueva Mañana
