El diálogo se centró en el gran impacto que sufrirán los asociados en sus bolsillos desde los próximos meses, y en la posibilidad material de las cooperativas de no poder cumplir con las obligaciones para la prestación del servicio público de distribución eléctrica.
En el marco del inminente aumento en las tarifas de luz y la retirada de subsidios anunciados por el gobierno nacional, las cooperativas de la región del Valle de Paravachasca se han visto obligadas a unir fuerzas para enfrentar los desafíos económicos que se avecinan. La medida gubernamental ha generado preocupación tanto por el impacto en los bolsillos de los asociados como por la posible dificultad de las cooperativas para cumplir con sus obligaciones en la prestación del servicio público de distribución eléctrica.
Ante esta situación, representantes de diversas entidades cooperativistas se congregaron el pasado martes 20 de febrero en la sede de la Cooperativa Anisacate para abordar la compleja realidad que enfrenta el sector de distribución de energía. Entre los temas discutidos se destacó la inmediatez de la dificultad para adquirir energía, el obstáculo para comprar insumos debido a los crecientes costos y la posibilidad real de no poder cumplir con los pagos salariales a los trabajadores.
En la reunión, participaron miembros del consejo de administración de la Cooperativa de Luz de José de la Quintana y de la Cooperativa de Luz de La Rancherita, quienes compartieron su perspectiva sobre el aumento de tarifas, la disminución en la recaudación y la preocupación por la potencial conflictividad social que podría derivarse de esta situación.
Además, se abordaron problemas históricos del sector, que desde hace décadas asumió la responsabilidad de llevar la luz a áreas del Valle de Paravachasca donde ni EPEC ni el Estado Provincial garantizaban hacerlo. Se hizo hincapié en la injusticia e inequidad del sistema actual, que genera notables diferencias en el costo del servicio entre los residentes del interior y aquellos que lo adquieren a través de EPEC.
En este contexto, se planteó la urgente necesidad de que la provincia cree un fondo compensador para garantizar la equidad en las tarifas de este servicio esencial. Los participantes expresaron la importancia de coordinar acciones regionalmente para afrontar las problemáticas que afectan a estas entidades solidarias, así como a sus asociados.
Finalmente, se acordó convocar en el corto plazo a todas las entidades cooperativistas de servicios públicos de la región con el objetivo de diseñar estrategias de acción conjunta. La meta es que el Ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba, Martín Gil, pueda recibir sus inquietudes y propuestas para buscar soluciones a las diversas necesidades que enfrentan.
