La Fiscalía de Alta Gracia investiga una denuncia que involucra a estudiantes de distintos establecimientos educativos. La causa incluye presuntas amenazas, hostigamiento y la posible difusión de contenido privado. Por orden judicial, se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados.
La Justicia avanza en una investigación que involucra a estudiantes de diferentes instituciones educativas de Alta Gracia, tanto públicas como privadas, en el marco de una denuncia vinculada a situaciones de bullying, hostigamiento y presuntas amenazas realizadas a través de mensajes.
Según pudo conocer AGNoticias, la causa se encuentra en manos de la Fiscalía de Instrucción N°2. Desde donde se ordenó el secuestro de decenas de teléfonos celulares. Estos serán sometidos a peritajes para determinar el tipo de intercambios que existieron entre los involucrados, si hubo maniobras de intimidación y cuál fue el alcance de los mensajes que circularon.
De acuerdo a fuentes consultadas, en el expediente se investigan “algunas cuestiones relacionadas a jóvenes que concurrirían a diversas escuelas y el intercambio de mensajes con algunas amenazas de dar a difusión cuestiones privadas”. En ese sentido, una de las hipótesis que se analiza es la posible intención de publicar contenido privado o íntimo. Lo cual habría generado preocupación y motivado nuevas presentaciones judiciales.
La investigación se encuentra a cargo de la Brigada de Investigaciones, que actúa bajo directivas de la Fiscalía. Además, trascendió que el conflicto no se limitaría a un solo establecimiento educativo. La menor involucrada habría asistido anteriormente a una institución y, hace aproximadamente dos años, habría sido trasladada a otra, aunque el problema habría continuado.
«Podría haber un mayor involucrado. Estos chicos no se han movido solos. Ha habido conocimiento y algún tipo de encubrimiento. Pero todo eso lo va a determinar la Justicia con la investigación que se esta llevando a cabo», señaló el comisario mayor Hector Villagra en dialogo exclusivo con AGNoticias.
Siempre en base a la información obtenida, se investiga si se trataría de situaciones que ya habían tenido antecedentes en el pasado. “Habría habido antecedentes sobre estas cuestiones ya hace algún tiempo o año”, indicaron fuentes ligadas a la causa. Aunque recientemente el caso volvió a tomar relevancia por una nueva denuncia vinculada a la “posibilidad de publicación de cuestiones privadas”.
El nuevo protocolo: un giro de 180 grados en la intervención
Un dato fundamental para entender el impresionante despliegue judicial —que culminó con decenas de móviles confiscados— es el cambio en el paradigma legal.
Hasta hace poco tiempo, estos episodios dependían casi exclusivamente de la palabra de la víctima y del manejo interno de cada escuela, donde se hacía «lo que parecía mejor» sin un marco de acción riguroso.
Sin embargo, a partir de este año, rige un nuevo protocolo de actuación que obliga a que, ante este tipo de casos, deba intervenir ineludiblemente la Policía a través de la Fiscalía. Ya no es una cuestión de criterio escolar; es una cuestión penal que demanda acción inmediata de las fuerzas de seguridad.
Actualmente, la causa avanza bajo un estricto secreto de sumario. Motivo por el cual ninguna autoridad policial o judicial ha emitido declaraciones públicas, buscando proteger la integridad de los menores y el éxito de la investigación.
Los teléfonos incautados ya están a disposición de los peritos informáticos, quienes tendrán la ardua tarea de reconstruir el mapa de mensajes y determinar las responsabilidades en este grave caso de acoso cibernético.
