El secretario general y de Recursos Humanos del Gobierno de Alta Gracia, José María González, explicó a AGNoticias cómo se intensificaron los operativos en la zona céntrica junto a Inspección General, Guardia Local y Policía. Además, reconoció que la situación económica podría incrementar los casos de venta ambulante en los próximos meses.
La Municipalidad de Alta Gracia intensificó las acciones para regular y controlar la venta ambulante en las calles de la ciudad, una actividad que, según las normativas vigentes, se encuentra prohibida como principio general.
Así lo confirmó José María González, secretario general y de Recursos Humanos, área de la cual depende directamente la Dirección de Inspección General a cargo de Ariel Cortéz. A través de declaraciones a nuestro medio, González explicó que cualquier excepción a esta regla requiere de un análisis exhaustivo y, de ameritarlo, la intervención directa del Concejo Deliberante para su habilitación.
Para abordar el crecimiento de la venta informal en las calles céntricas, semanas atrás se llevó a cabo una reunión estratégica impulsada por el Centro de Comercio, representado por Laura Gandossini. En el encuentro participaron autoridades de Inspección General, la Policía, la Guardia Local y el secretario de Comercio, Maxi Caminada.
De esta mesa de trabajo surgió la necesidad de profundizar los controles. En este sentido, precisó cómo es la modalidad de acción actual:
«A partir de ese momento sale un inspector de Inspección General junto con un personal policial y uno de Guardia Local, que conforman esto que se llamó del CAPI, que son personal infante que están controlando siempre la zona céntrica».
Los resultados de esta medida conjunta no se hicieron esperar. Según indicó el funcionario, durante los primeros días de implementación se debió proceder con cuatro o cinco secuestros de mercadería, lo que generó un fuerte efecto disuasorio, reduciendo la presencia de vendedores a «casi cero» en las semanas posteriores.
No obstante, el secretario aclaró que el enfoque principal de los inspectores es preventivo. El objetivo primordial es el diálogo: se les explica la normativa a los vendedores para evitar llegar a la instancia del decomiso, logrando en la mayoría de los casos que comprendan la situación y se retiren en buenos términos.
El impacto de la recesión económica
Lejos de ignorar la dura realidad nacional, el titular analizó el contexto que empuja a los ciudadanos a volcarse a la economía informal. Al ser consultado sobre el origen de los vendedores intervenidos, detalló que la gran mayoría son vecinos, aunque también se registra la llegada de personas de otras localidades que suelen ubicarse en sectores periféricos, como la zona de El Crucero.
González se mostró consciente de las causas detrás de este fenómeno:
«Esto, en realidad, yo creo que se va a profundizar en algún momento, lamentablemente, dada la situación socioeconómica que estamos viviendo en el país. De la mano de gente que por ahí se queda sin trabajo o que no tiene los medios necesarios para mantener a su familia, hace que esta necesidad lleve en muchos casos a intentar una venta ambulante».
Finalmente, el funcionario recordó cuál es el rol y el límite del Departamento Ejecutivo ante esta situación. Subrayó que el poder Ejecutivo no legisla, sino que tiene la obligación de hacer cumplir las ordenanzas vigentes.
«Si tenemos una legislación que nos dice que esto está prohibido, tenemos que controlarlo y hacerlo cumplir; siempre en los mejores términos, comprendiendo también esta situación» concluyó González, marcando el difícil equilibrio entre el orden urbano y la crisis social.
