El gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, emitió un comunicado en donde informa que le solicitó al Consejo de la Magistratura que “se dé inicio al procedimiento para investigar la actuación del juez Alejo Ramos Padilla», quien está a cargo de la investigación que envuelve al fiscal federal Carlos Stornelli y su relación con el falso abogado Marcelo D’Alessio.
El gobierno decidió avanzar a fondo contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de espionaje ilegal y extorsión en la que estarían involucrados el falso abogado Marcelo D’Alessio, agentes de inteligencia, fiscales como Carlos Stornelli, periodistas y dirigentes políticos. Al finalizar la tarde, el Poder Ejecutivo le pidió a su representante en el Consejo de la Magistratura, Juan Pablo Mahíques, que inicie el proceso de juicio político contra el magistrado.
Según difundió el Ministerio de Justicia a través de un comunicado, el gobierno fundó la solicitud en la “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”.
El hecho principal que se le recrimina es la exposición del magistrado en el Congreso, el 13 de marzo. La decisión del Gobierno provocó un fuerte rechazo dirigentes políticos y abogados especialistas en derecho penal, que la caracterizaron como un “suicidio institucional”, un acto de “autoencubrimiento” y un intento de “obstaculizar la investigación”. Fuentes del oficialismo en el Consejo adelantaron que el pedido de juicio político podría presentarse este mismo lunes.
La embestida contra Ramos Padilla lleva ya varias semanas pero se precipitó ayer, justo el día en que el juez federal de Dolores envió un nuevo pedido de citación a indagatoria para el fiscal Carlos Stornelli (para el 20 de marzo) y realizó una ampliación de la indagatoria a D’Alessio, quien se negó a declarar. También cuando el caso comenzaba a ramificarse y profundizarse, entre otras cosas, a partir del pedido de indagatoria del juez Luis Rodríguez a otro fiscal, Juan Ignacio Bidone, quien también reconoció haber colaborado con D’Alessio para realizar tareas de espionaje. En los allanamientos y la investigación sobre D’Alessio, pudieron encontrarse varias pruebas de presuntos vínculos tanto con la Ministra de Justicia, Patricia Bullrich, así como con la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió y su principal espada en la Justicia, la diputada Paula Oliveto.
El alcance podría llegar incluso hasta el presidente Mauricio Macri, dado que en un intercambio de chats, D’Alessio le cuenta a Stornelli que “estaba con el amigo MM”. También hay evidencia de fluidos contactos con integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia y con periodistas de medios afines al gobierno nacional.
Esto fue lo denunciado por Ramos Padilla
El juez de la causa Stornelli expuso ante el Congreso, aseguró que se trata de una red de espionaje ilegal y pide que se avance con celeridad. «D’Alessio ofrecía información falsa», afirmó.
Durante su exposición en la Cámara de Diputados, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sostuvo este miércoles que la causa por presunta extorsión que involucra al fiscal Carlos Stornelli es apenas una porción «ínfima» de las revelaciones que están saliendo a la luz, ya que advirtió que se está investigando es «una red de espionaje político y judicial ilegal paraestatal de magnitudes».
«Soy el juez de la causa, voy a tomar todos los recaudos necesarios para preservar la investigación, para preservar la integridad y los datos reservados de las víctimas, y no voy a hacer conclusiones, sino que voy a exponer la información recogida hasta el momento», aclaró el magistrado al principio de su intervención en el Congreso.
Para Ramos Padilla, la trama de extorsión y pedido de coima en nombre de Stornelli por la que el supuesto abogado Marcelo D’Alessio se encuentra procesado con prisión preventiva vendría a ser apenas la punta de ovillo de un cuadro mucho más grande que inclusive podría afectar, según dijo, las relaciones exteriores de Argentina con países como Estados Unidos, Israel, Venezuela y Uruguay.
«Lo cierto es que el caso que puede involucrar a un fiscal, no a uno solo, sino a varios, a un periodista, a un juez, es ínfimo… Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay, porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de varios países», alertó.
Los representantes del oficialismo resolvieron no escuchar los argumentos del juez que investiga una de las causas con mayores implicancias institucionales de los últimos años.
A partir de la información recabada tras el allanamiento a la casa de D’Alessio, el magistrado advirtió que el falso abogado y supuesto operador de Stornelli realiza desde hace tiempo operaciones “vinculadas con la actividad de los poderes judiciales, los ministerios públicos (nacionales y provinciales), las fuerzas de seguridad (nacionales y provinciales), los poderes políticos y los medios de prensa”.
De acuerdo con Ramos Padilla, el propio D’Alessio confesó las actividades que realizaba al momento de que se realizara el primer allanamiento, mientras reclamaba por el auxilio de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, del jefe de la AFI Gustavo Arribas e incluso del presidente Mauricio Macri.
Según explicó la metodología empleada constaba en la «recopilación de información, la producción de inteligencia y el almacenamiento de datos sensibles de manera paralela a las causas judiciales que se utilizaban para luego llevar a cabo acciones coactivas intimidatorias y extorsivas con la finalidad de influir en causas judiciales».
Y detalló: «Encontramos documentos, legajos de inteligencia, cuadernos con anotaciones de datos sensibles acerca de los hijos, esposas, de los allegados que eran objetivos, elementos de espionaje tales como cámaras ocultas entre llaveros, drones, y un arma que llamo la atención de todos”.
El magistrado se quejó además del silencio del Procurador General, Eduardo Casal, que se negó a intervenir a pesar de su pedido y apuntó contra su par Julián Ercolini, quien solicitó su inhibición «y le dieran la causa por tener el mismo objeto procesal, pero nunca supe cómo pudo conocerlo con secreto de sumario».
El complejo entramado de espionaje fue ejemplificado por el juez de Dolores con el caso del ex directivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat. «Se aplicó el mecanismo de ablande o quiebre para publicar en los medios«, apuntó Ramos Padilla y subrayó que entre la información secuestrada del celular y la computadora de D’Alessio surgen contactos con el «usuario Carlos Stornelli».
El magistrado sostuvo que D’Alessio se presentó ante Brusa Duvat siempre como jefe regional de la DEA y le prometió que si seguía sus indicaciones y le ofrecía información sobre otros activos de la petrolera en la Argentina «estaría protegido por la DEA». Según la investigación de Ramos Padilla, D’Alessio señaló como parte del protocolo de la DEA que se debía presentar a declarar ante Stornelli y ofrecer entrevistas para Clarín, TN y América 24. «No fui a declarar ante el fiscal ni a la entrevista por iniciativa propia, sino inducido por las circunstancias», leyó el juez una confesión posterior del ex directivo de la empresa venezolana.
La comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia citará para el jueves próximo al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y convocará al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, para dentro de 10 días, tras las denuncias sobre espionaje formuladas
