Tras la audiencia pública realizada este sábado para debatir un eventual traspaso del servicio a EPEC, la Cooperativa difundió un comunicado en el que reclamó “información completa, números claros y responsabilidad institucional”. También cuestionó al Municipio por una deuda que asegura que mantiene con la institución y por una denuncia penal vinculada a conexiones eléctricas.
La Cooperativa de Servicios Públicos de Anisacate se pronunció luego de la audiencia pública realizada este sábado por la Municipalidad, en la que se debatió el futuro del servicio eléctrico y la posibilidad de un eventual traspaso de la prestación a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la discusión debe darse con información precisa y cuestionó el planteo impulsado por el Municipio. “Una discusión de semejante importancia debe darse con información completa, números claros y, sobre todo, responsabilidad institucional”, expresó.
Desde la Cooperativa remarcaron además que la audiencia tuvo carácter no vinculante y señalaron que, hasta el momento, no se habría presentado públicamente un estudio integral que permita determinar cuánto pagarían los usuarios ante un eventual cambio de prestador, qué inversiones serían necesarias y cuáles serían las condiciones de un traspaso.
«Existe una deuda millonaria»
En ese marco, la institución vinculó la discusión por el servicio eléctrico con el conflicto económico que mantiene con el Municipio de Anisacate. Según planteó la Cooperativa, existe una deuda millonaria que la entidad viene reclamando y que ya habría sido abordada en reuniones e instancias de mediación ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP).
Durante su pronunciamiento, la Cooperativa también hizo referencia a una denuncia penal contra el Municipio relacionada con presuntas conexiones ilegales de electricidad. Se trata de una acusación que forma parte del conflicto entre ambas instituciones y que deberá ser determinada por las instancias correspondientes.
“Negar la deuda no hace que desaparezca”, sostuvo la entidad en uno de los pasajes más críticos de su comunicado.
La Cooperativa también advirtió sobre las posibles consecuencias económicas de una eventual judicialización del conflicto. En ese sentido, señaló que un proceso de esas características podría generar intereses, costas y honorarios, con un eventual impacto sobre los recursos de la comunidad.
Al mismo tiempo, la institución reconoció que el reclamo de los vecinos por el costo de la energía es legítimo. Sin embargo, cuestionó que esa preocupación pueda convertirse, según su interpretación, en una herramienta de confrontación política.
“Si verdaderamente se busca aliviar el bolsillo de los usuarios, deben discutirse todos los componentes de la factura, todas las alternativas posibles y todos los costos involucrados”, planteó la Cooperativa.
Finalmente, la entidad aseguró que continuará participando de las instancias de diálogo y puso a disposición la información que considere necesaria para la discusión sobre el futuro del servicio.
“No se trata de impedir debates ni de negar los problemas”, sostuvo el comunicado. “Se trata de que una discusión tan importante no termine utilizada para ocultar deudas pendientes, profundizar enfrentamientos o avanzar sobre una institución que pertenece a sus asociados”.
