El diputado Marcelo Casaretto presentó una iniciativa que vuelve a poner el foco sobre los funcionarios del Poder Judicial que no pagan el impuesto. «Es un privilegio inaceptable», dijo sobre la excepción que rige en la actualidad.
En medio de los cambios en el área judicial dispuesto por el Gobierno nacional, con la llegada de Martín Soria en reemplazo de Marcela Losardo al Ministerio de Justicia, ingresó a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley que suma presión para que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias.
Se trata de una iniciativa del diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto, integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que apunta a que todos los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, paguen el Impuesto sobre la totalidad de los haberes que perciben, incluidos conceptos especiales como la bonificación por antigüedad o la permanencia en categoría.
«Hay jueces que cobran 500, 600 y hasta 800 mil pesos, es un privilegio inaceptable que no paguen Ganancias», explicó a Perfil el diputado.
El presidente Alberto Fernández ya había dado un anticipo sobre la intención de apuntar contra jueces y fiscales por esta situación y durante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo señaló que «el Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad».
Antecedentes
El Impuesto a las Ganancias fue creado en 1973 para gravar todas las ganancias de fuente argentina, para personas físicas y jurídicas. Pero se eximió del pago a los haberes y jubilaciones de integrantes del Poder Judicial y de legisladores nacionales.
En 1996, por una ley del Congreso se eliminaron se eliminaron las exenciones para jueces, legisladores activos y jubilados. La Corte Suprema declaró su inaplicabilidad solo sobre el Poder Judicial.
Durante la gestión de Mauricio Macri, el Congreso logró la aprobación en 2016 de una normativa que dispuso el pago del impuesto a todos los jueces y funcionarios judiciales cuyos nombramientos sucedieran a partir de 2017, dejando eximidos a aquellos que vinieran desempeñándose hasta ese momento.
No obstante, dejaba afuera a varias categorías adicionales al sueldo básico que el nuevo proyecto pretende incorporar.
Por último, en febrero de 2019 se aprobó un protocolo acordado por el Ministerio de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, que se considerarán deducibles de Ganancias los rubros nominados como “compensación jerárquica”, “compensación funcional”, “bonificación título”, “bonificación por antigüedad”, “permanencia en la categoría”, por lo que en ningún caso se realizan retenciones por esos conceptos.
También que los descuentos se realizaran a partir de enero de 2019, en cuotas hasta fin de ese año, desde 2017.
Fuente: Perfil
