En tiempos en que la transparencia en la gestión pública está siendo cuestionada a nivel nacional, los municipios y comunas regionales tampoco escapan a esta especie de examen popular diario.
En el caso de las gestiones de municipios y comunas, existen en todos los casos montos pre determinados para realizar compras directas. Es decir, compras sin necesidad de llamados a licitación. Es una herramienta cuya utilización debiera limitarse a situaciones de emergencia o urgencia manifiesta. Situaciones que ameriten una solución sin tanta burocracia para decisiones inmediatas.
Ese es, ni más ni menos, el espíritu de que haya montos para compras directas. Dineros que debieran ser invertidos en solucionar problemas excepcionales.
El tema es que hay cuestiones que no terminan de cerrarle a vecinos que se deciden a bucear por los presupuestos de las gestiones comunales y municipales. Y allí comienzan las dudas (y las sospechas) sobre los montos previstos para estas tan mentadas «compras directas».
Hay comunas que fijaron montos que a todas luces suenan elevadísimos, y que están a disposición de una sola firma, sin necesidad de consenso con nadie. Otras, por ejemplo, ni siquiera han incluido estas cifras en el correspondiente presupuesto anual, dejando a criterio del mandatario cuánto terminará gastándose en una contratacíón directa.
En otros casos, los montos que se destinan a este rubro suenan (a ojos de los vecinos) tan elevados como injustificados. Algún municipio utiliza el sistema de presentar dos presupuestos, limitando los montos y las formas de la compra directa. Lo que le da un cierto encuadre legal, por cierto.
En Alta Gracia, las cosas parecieran a ir a contramano de lo que sucede en buena parte de la región. Acá, el monto previsto para compras directas es el menor del Departamento Santa María, pese que la ciudad tiene el presupuesto más elevado de todos.
La conclusión es clara: la decisión de cuánto fijar como montos para contrataciones que no pasen el filtro de una licitación, es discrecional. Y no pasa tanto por los escritorios de los contadores sino por los despachos de los gobernantes.
Son decisiones políticas que los propios gobernantes alguna vez debieran explicar y justificar ante sus vecinos. En pro de la transparencia, la credibilidad y el respeto que éstos (los vecinos) se merecen a la hora del manejo del dinero público. De no ocurrir ello, si estas explicaciones no apareciesen, quedará flotando la fea sensación de que aquella posibilidad de gastar por excepción podría terminar convirtiéndose en norma.
Y en tiempos en que todo se pone bajo la lupa, el no dar explicaciones abre la puerta a las dudas y las sospechas. Y cuando esas puertas se abren, cerrarlas es casi imposible.