El allanamiento se realizó en el marco del caso de la “empleada fantasma” y podría revelar un esquema más amplio de manejos dudosos.
La Justicia allanó la Legislatura de Córdoba en una causa por contratos irregulares. La medida responde al caso de la «empleada fantasma» y podría revelar un esquema más amplio de corrupción administrativa.
El fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, ordenó el operativo. El juez de Control, Gustavo Hidalgo, autorizó el procedimiento. También participaron la Policía de Córdoba y la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal. Los investigadores secuestraron contratos, reglamentos internos y otros documentos.
El caso que encendió las alarmas tiene como protagonista a Virginia Martínez. Contratada en diciembre de 2024, nunca trabajó allí. Sin embargo, dos personas intentaron cobrar su sueldo. Se trata del dirigente político Guillermo Kraisman y su presunta colaboradora, Luciana Castro, quienes presentaron su DNI en el banco para retirar el dinero.
Fuentes periodísticas aseguran que no es un hecho aislado. Además de Martínez, hay al menos veinte contratos sospechosos de entre diciembre de 2024 y junio de 2025. La Legislatura mantiene más de mil contratados. Pero el control sobre cada designación parece insuficiente.
Frente a la polémica, las autoridades planean publicar una lista “actualizada” de contratados. No está claro si incluirá a todos los monotributistas. La situación genera dudas y tensión política.
Nadia Fernández, vicepresidenta de la Legislatura, declaró como testigo. Negó la existencia de empleados fantasma dentro del organismo. Por su parte, la vicegobernadora Myriam Prunotto admitió que Martínez fue contratada por legisladores oficialistas.
Los documentos secuestrados podrían derivar en más imputaciones. La investigación continúa y podría marcar un antes y un después en el control de los nombramientos públicos.