Esta mañana profesionales, instituciones y vecinos colmaron la explanada de la Estancia Jesuítica. Denuncian el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y el deterioro profundo de las condiciones de vida de los jubilados.
Alta Gracia volvió a ser escenario de una manifestación con fuerte contenido social y político. Este martes, la Plaza Solares se llenó de pancartas, abrazos y voces firmes que reclamaron por los derechos vulnerados de dos sectores históricamente postergados: las personas con discapacidad y los jubilados.
Eduardo, psicólogo de la ciudad, fue una de las voces profesionales que tomó la palabra frente a una plaza colmada. “Se le debe mucho a las personas en situación de discapacidad. Como comunidad todavía nos falta mucho para comprender la diversidad y construir un verdadero ‘nosotros’”, expresó.
Y advirtió que el veto presidencial a la Ley de Emergencia no solo agrava la precariedad, sino que “implica la vulneración de derechos constitucionales básicos”.
Desde su lugar, Eduardo remarcó la importancia del enfoque interdisciplinario en discapacidad y la necesidad de recursos para sostenerlo: “Cada tratamiento involucra familias, docentes, transportistas y profesionales que protegen derechos. Cuando faltan recursos, lo que se deteriora no es solo un servicio, sino la dignidad de la persona”.
A su lado, Rodolfo Uranga, referente de Jubilados Unidos, fue contundente: “No somos viejos descartables. Mientras tengamos uso de razón, podemos votar, ser elegidos, dirigir y trabajar. Y sobre todo, tenemos derecho a decidir sobre nuestras instituciones”.
Uranga apuntó directamente contra el Gobierno Nacional y el presidente Javier Milei: “Al vetar la ley está atacando a los jubilados. La mayoría tenemos problemas de salud y necesitamos del Estado. No se puede decir que esta política nos favorezca: nos está dejando afuera”.
Según datos compartidos por la organización, una familia jubilada necesita al menos $1.200.000 mensuales para una vida digna, mientras las jubilaciones rondan los $350.000. “Así no se puede comer, ni pagar el gas, ni visitar a los nietos. Y si uno compra remedios, no puede pagar el alquiler. Termina dependiendo de sus hijos o sus nietos. Es indigno”, sostuvo.
El acto cerró con una consigna compartida: la necesidad urgente de que el Estado garantice los derechos ya conquistados, y que escuche a quienes han aportado toda su vida. “Trabajamos para que esto no pase. Ya lo pagamos. Es nuestro. Y tenemos derecho a dirigirlo”, concluyó Uranga entre aplausos.