La protesta se realizó sobre avenida Belgrano, en medio de la polémica por los controles al transporte mediante plataformas digitales. El conflicto gira en torno a la aplicación de la Ordenanza 13.521 y los requisitos que deben cumplir quienes buscan prestar el servicio.
Choferes vinculados al transporte mediante aplicaciones se manifestaron este martes para reclamar respuestas ante los operativos de control y secuestro de vehículos relacionados con esta modalidad de transporte.
La protesta se enmarca en la discusión por la implementación de la Ordenanza 13.521, que establece requisitos para las plataformas, los vehículos y los conductores que buscan operar en la ciudad. El conflicto pone en debate las condiciones de habilitación del servicio y la necesidad de encontrar respuestas para quienes pretenden incorporarse a esta alternativa de movilidad.
En ese contexto, reclaman definiciones sobre la normativa vigente y las posibilidades de desarrollar la actividad.
El debate por la ordenanza
De acuerdo con la información mencionada en el marco de la controversia, 110 personas manifestaron interés en incorporarse a esta modalidad de transporte. De ellas solamente 18 han cumplido con el requisito de inscripción.
Por otra parte, según los datos, Luis Argüello, quien se presenta públicamente como referente de Uber, no figura inscripto ni habría iniciado el trámite de registro ante el Municipio.
Estos aspectos forman parte de la discusión sobre el cumplimiento de los procedimientos previstos para operar legalmente en Alta Gracia. La normativa establece condiciones que deben ser consideradas por quienes buscan prestar el servicio, mientras que los cuestionamientos sobre su aplicación o sobre los requisitos exigidos pueden canalizarse mediante las vías institucionales correspondientes.
Reclamos y respuestas institucionales
Durante la manifestación, los choferes buscaron obtener respuestas de representantes del Concejo Deliberante. Pese a ello, no encontraron ningún concejal que los atendieran.
La situación sumó un nuevo capítulo a la controversia y abrió interrogantes sobre la disposición de los representantes legislativos a escuchar los planteos vinculados con la aplicación de la ordenanza.
El conflicto plantea dos cuestiones centrales: por un lado, el cumplimiento de las reglas vigentes para prestar el servicio de transporte y, por otro, la necesidad de discutir institucionalmente las dificultades que puedan surgir de su implementación.
La posibilidad de modificar los requisitos, establecer nuevas condiciones o aclarar aspectos de la normativa requiere un debate formal entre los actores involucrados y las autoridades legislativas competentes.
Mientras continúan los reclamos, la discusión sobre el transporte mediante aplicaciones en Alta Gracia sigue abierta, con el desafío de compatibilizar las alternativas de movilidad, las condiciones para desarrollar la actividad y el cumplimiento de las normas municipales.