La Cooperativa de Anisacate explicó cómo impacta la nueva Ordenanza Tarifaria 2026 en los servicios que presta. El aumento alcanza solo a los usuarios del ejido local y ya motivó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia.
Desde la Cooperativa de Anisacate explicaron los alcances de la Ordenanza Tarifaria Anual 2026 aprobada por la Municipalidad y detallaron de qué manera impacta en los servicios que presta la entidad, en particular en internet y energía eléctrica. Según remarcaron, el aumento alcanza exclusivamente a los usuarios del ejido local de Anisacate y no afecta a los asociados de La Bolsa, Valle de Anisacate ni Dique Chico.
“El impacto de esta ordenanza es estrictamente local. La Cooperativa es una institución regional y cada localidad debe asumir las cargas impositivas que definen sus propias autoridades, sin que eso se financie con aportes de otras jurisdicciones”, señalaron desde el Consejo de Administración.
En el caso del servicio de internet, indicaron que a partir de enero los usuarios de Anisacate comenzarán a ver reflejada en la factura la tasa municipal incorporada dentro del rubro Comercio e Industria. “Por ejemplo, un plan de 30 megas tendrá un valor aproximado de 22.200 pesos para los domicilios de Anisacate, mientras que en La Bolsa, Valle de Anisacate y Dique Chico el valor seguirá siendo de 20.500 pesos, al menos hasta que exista un reajuste general independiente de esta ordenanza”, explicaron.
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Desde la entidad aclararon que esta diferencia “no responde a una decisión comercial ni administrativa de la Cooperativa, sino exclusivamente a la aplicación de una tasa municipal dispuesta por el Municipio de Anisacate”.
Asimismo, señalaron que existen incrementos habituales y razonables vinculados a la actualización de costos del sistema que no están en discusión judicial. “Se trata de un aumento del 20 por mil en el servicio de internet y del 8 por mil en el servicio de energía eléctrica, ajustes que se aplican dentro de los márgenes normales y que la Cooperativa no cuestiona”, precisaron.
Distinta es la situación de otros cargos incluidos en la ordenanza municipal, que la entidad considera excesivos y contrarios a la legislación vigente. “Hablamos de un cobro mensual de 35.000 pesos por cada poste dentro del ejido, 2.500 pesos mensuales por cada conexión de internet y energía eléctrica, y 21.900 pesos por supuestas inspecciones en nuevas conexiones o habilitaciones de medidores”, detallaron.
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Según advirtieron, de trasladarse esos valores a las facturas, el impacto sería “absolutamente desproporcionado”. “Estamos hablando de aumentos superiores al 60 % en las boletas de luz y de una cifra global que superaría los 150 millones de pesos mensuales, incluso por encima del costo que la Cooperativa paga por la energía que consume toda la localidad”, afirmaron.
Ante este escenario, la Cooperativa informó que presentó una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, además de recursos administrativos contra las boletas emitidas por esos conceptos. “Hasta que la Justicia se expida, esos cargos no se incorporan a las facturas ni se trasladan a los usuarios. Cualquier modificación futura dependerá exclusivamente del fallo judicial”, aclararon.
Finalmente, desde el Consejo de Administración reafirmaron su postura institucional: “Nuestra prioridad es defender el bolsillo de los socios, actuar con responsabilidad y evitar una transferencia injusta de recursos entre localidades. Vamos a agotar todas las instancias administrativas y judiciales para impedir la aplicación de cargos que consideramos ilegales o confiscatorios y garantizar servicios sustentables sin trasladar costos que no corresponden”.
