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El ADN de Grassi será incluido en el registro de violadores

El Tribunal Criminal 1 de Morón dispuso a través de una resolución la inclusión del ADN del cura Julio César Grassi al Registro Nacional de Datos Genéticos

El Tribunal Criminal 1 de Morón dispuso a través de una resolución la inclusión del ADN del cura Julio César Grassi al Registro Nacional de Datos Genéticos de autores de delitos vinculados a la integridad sexual.

A través de las firmas de Claudio José Chaminade y Mariana Maldonado se determinó la extracción de muestras genéticas para el posterior registro.

La medida fue solicitada por el abogado de las víctimas, Juan Pablo Gallego, quien consideró que «Grassi reúne las condiciones como violador con condena firme».

 «Es una persona que en algún momento va a volver a la calle y probablemente va a volver a delinquir», expresó Gallego.

La causa contra Grassi por el abuso sexual agravado y la corrupción de menores se inició el 23 de octubre de 2002 y finalizó en diciembre de 2009 con la condena contra Grassi por hechos ocurrido en el ámbito de la Fundación Felices los Niños.

Recién en septiembre de 2013 la Justicia ordenó que Grassi sea detenido, condición en la que está hasta el presente en la Unidad Penal de Campana, mientras que en marzo de 2017 la condena quedó firme.

Grassi fue condenado en 2009 a la pena de 15 años, pero permaneció en libertad hasta septiembre de 2013, cuando perdió el beneficio de la libertad vigilada de la que gozaba ante el fallo de la Corte Suprema.

Fundación Felices los Niños
Fundación Felices los Niños

¿De qué se trata el Registro de Violadores?

A través de la Ley 26.879 aprobada por ambas Cámaras nacionales, se dispuso la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos.

A partir de esta disposición se puede almacenar y sistematizar la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos  contra la integridad sexual.

La ley determina que sólo serán suministradas a miembros del Ministerio Público Fiscal, a jueces y a tribunales de todo el país en el marco de una causa en la que se investigue alguno de los delitos antes nombrados.

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