Referentes del sector advierten sobre un retroceso histórico en derechos y alertan por la falta de financiamiento que pone en riesgo tratamientos y espacios de inclusión en todo el país.
Desde el equipo de AGNoticias nos acercamos a Crecer Alta Gracia, un centro de inclusión de la ciudad, para visibilizar una problemática que crece en silencio pero con fuerte impacto: la crisis que atraviesa el sector de discapacidad en Argentina.
En diálogo con este medio, Sergio López, psicólogo y director general de la institución, describió un escenario crítico que no es aislado, sino que afecta a organizaciones de todo el país. “Hace 30 años que trabajo en este ámbito y hoy estamos ante un retroceso muy importante, de 35 o 40 años”, afirmó.
Según explicó, el sistema atraviesa una fuerte inestabilidad producto de recortes, falta de actualización en los valores de las prestaciones y demoras prolongadas en los pagos por parte de obras sociales y programas estatales. “El año pasado los valores se mantuvieron sin aumentos y, desde diciembre, muchos pagos fueron directamente interrumpidos. Eso nos obliga a sostener los gastos como podemos, pero se vuelve muy difícil sin financiamiento”, señaló.
La necesidad de recursos humanos
López remarcó que las instituciones que trabajan con personas con discapacidad requieren no solo formación profesional, sino también un alto nivel de recursos humanos. Sin embargo, los salarios del sector son bajos, lo que genera aún más dificultades para sostener los equipos de trabajo.
En este contexto, recordó la importancia del cumplimiento de la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad y obliga al Estado a garantizar su acceso a servicios esenciales. “Las obras sociales deben cubrir las prestaciones, y quienes no tienen cobertura dependen de programas estatales destinados a personas de bajos recursos. Pero hoy el sistema no está respondiendo como debería”, advirtió.
Además, el director se refirió a la necesidad de auditorías en el sistema, aunque cuestionó las formas en que se han implementado en el último tiempo. “Estamos de acuerdo con que haya controles, pero deben hacerse de manera eficiente y ordenada. No se puede desarmar una estructura de tantos años de forma improvisada”, sostuvo.
Más allá de lo estructural, López puso el foco en el impacto humano de esta crisis. “Las familias llegan con mucha angustia, sin herramientas, sin recursos económicos ni emocionales. Sostener la calidad de vida de una persona con discapacidad implica un esfuerzo enorme, y hoy ese esfuerzo es cada vez mayor”, expresó.
Finalmente, hizo un llamado a la sociedad en su conjunto: “No podemos perder la empatía ni el compromiso social. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano, y esos derechos deben estar por encima de cualquier decisión política”.