Los datos de Córdoba muestran cierto desequilibrio entre la Capital y el interior. Muchas personas de otras localidades acuden a centros de atención de la ciudad para realizarse interrupciones voluntarias del embarazo legales. // Informe Cba24n.
En la madrugada del 30 de noviembre del año pasado se aprobó la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Aunque en la legislación argentina ya estaba prevista la posibilidad de aborto no punible (ILE); desde principios del siglo pasado, la ley actual es considerada por el Ministerio de Salud de la Nación como “uno de los avances más significativos en materia de salud sexual y reproductiva”.
También en Córdoba el balance es altamente positivo según declaró a Cba24n Betiana Olearo Barrera; quien es médica de familia integrante de la Comisión de Salud Sexual Integral de la Municipalidad de Córdoba.
La IVE, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, entró en vigencia en todo el país en enero de este año. Pero a pesar de que las disposiciones de la ley son de orden público, de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina sin necesidad de adhesión de las provincias, las autoridades de Salud reconocen que la aplicación es dispar.
En Córdoba el balance es altamente positivo. Hasta la sanción de la Ley 27.610 los Centros de Salud estaban obligados a realizar el acompañamiento de las interrupciones legales del embarazo (ILE) es decir de los embarazos derivados de violaciones o que implicaban un riesgo para la salud de las gestantes. Sin embargo, de los 100 Centros de Atención Primaria que existen en Córdoba, sólo 48 garantizaban ese derecho.
Ahora, la situación es completamente distintas. En menos de un año de vigencia de la ley, casi el 70% de los Centros están resolviendo estos acompañamientos.
Desequilibrio entre la capital y el interior
Un dato que llama la atención es que el 48% de las personas que fueron acompañadas en abortos en condiciones seguras no pertenecía al área de trabajo del centro de salud. Y no sólo eso, un altísimo porcentaje provenía de otras ciudades.
Otro dato que llama la atención es que existe un 14% de consultas efectuadas por personas que tienen obra social. “Es un obstáculo con el que nos encontramos porque evidentemente no se está garantizando la práctica en todas las obras sociales”, expresó Oleano Barrera.
En el caso de la provisión del fármaco que se utiliza para garantizar la práctica de manera segura, el Misoprostol; es el Estado el que provee el 96% de la medicación.
El 80% de las consultas se realizan antes de la novena semana de gestación; por lo que la inmensa mayoría se pueden resolver en la Atención Primaria. En el 90% de los casos no se requiere de un segundo nivel, salvo para los casos más avanzados que se encuadran en la ILE y se resuelven en el ámbito hospitalario.