Choferes expusieron sus reclamos durante la sesión del Concejo Deliberante y cuestionaron la falta de controles sobre los vehículos que trabajan mediante plataformas digitales. También hubo cruces entre los ediles por la antigüedad de los automóviles y la necesidad de regular la actividad en toda la región.
La discusión por el transporte de pasajeros volvió a generar tensión ayer miércoles en el Concejo Deliberante. Durante la sesión, taxistas y remiseros hicieron uso de las bancas destinadas a la participación ciudadana para expresar su preocupación por la situación que atraviesa el sector y reclamar mayores controles sobre los servicios que funcionan a través de aplicaciones.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la presencia de vehículos provenientes de otras localidades que ingresan a la ciudad para realizar viajes. Según manifestaron los trabajadores, esta situación representa una competencia que afecta directamente sus ingresos, especialmente ante lo que consideran una falta de controles municipales frecuentes.
En ese contexto, uno de los taxistas tomó la palabra y cuestionó las decisiones adoptadas anteriormente en materia de regulación del transporte. “Sacaron una ordenanza que nos perjudicó”, expresó durante su intervención, dejando en evidencia el malestar de parte de los trabajadores con la normativa vigente.
Otro de los presentes también manifestó su disconformidad con el tratamiento legislativo de la problemática y apuntó contra el bloque que impulsó nuevas iniciativas. “Estamos debatiendo por una tontera que presentaron”, sostuvo, en medio de un intercambio que generó polémica dentro del recinto.
El reclamo por los controles y la aplicación de la ordenanza
Uno de los puntos centrales del planteo fue la necesidad de que se cumpla la normativa que regula las distintas modalidades de transporte de pasajeros. Los representantes señalaron que no pretenden impedir que otros trabajadores desarrollen su actividad, sino que las condiciones sean iguales para todos quienes prestan el servicio.
En particular, pusieron el foco en los conductores de plataformas digitales que llegan desde otras localidades y realizan traslados dentro de la ciudad. Además, cuestionaron la escasa cantidad de inspecciones realizadas. Según se indicó durante el debate, en lo que va del año solamente se llevaron adelante dos controles vinculados con Uber.
La implementación efectiva de la ordenanza también formó parte de la discusión. Algunos concejales señalaron que la normativa que establece las condiciones para trabajar mediante plataformas tecnológicas lleva más de un año sin aplicarse plenamente, lo que genera interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización.
Propuestas para discutir el transporte en la región
Por su parte, el bloque Alta Gracia Cambia presentó dos iniciativas vinculadas con esta problemática. Una de ellas propone modificar el régimen de antigüedad de los vehículos autorizados para prestar servicios de transporte privado de pasajeros mediante plataformas tecnológicas.
La segunda iniciativa plantea convocar a una Mesa de Trabajo Interjurisdiccional en el ámbito de la Comunidad Regional Santa María, con la participación de intendentes y jefes comunales. El objetivo es establecer lineamientos comunes para el funcionamiento de los servicios de transporte por aplicaciones y abordar las situaciones que se producen cuando los conductores trabajan fuera de sus localidades de origen.
La antigüedad permitida para los automóviles volvió a ser otro de los temas que despertó diferencias entre los presentes. A esto se sumaron los cuestionamientos de algunos ediles sobre los vehículos que realizan viajes internos en Alta Gracia sin afrontar, según señalaron, los mismos costos municipales vinculados al mantenimiento de calles, controles e infraestructura.
De esta manera, la sesión dejó expuesta una problemática que continúa generando diferencias entre los trabajadores del transporte tradicional, los servicios por aplicaciones y los representantes políticos. El reclamo por mayores controles y reglas equitativas volvió a ocupar el centro de la escena, mientras el debate sobre cómo regular la actividad en Alta Gracia y la región sigue abierto.