La medida quedó aprobada “sobre tablas” por mayoría opositora y establece una dieta equivalente al 2% del presupuesto municipal. Sergio Marín aseguró que la decisión lo sorprendió y advirtió que, de insistir con la ordenanza, recurrirán a la Justicia.
Una fuerte polémica se desató en las últimas horas en la localidad cordobesa de Toledo, ubicada a unos 22 kilómetros al sudeste de Córdoba capital, luego de que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza que fija una dieta mensual superior a los 12 millones de pesos para cada concejal y miembro del Tribunal de Cuentas.
Según se conoció, el cuerpo legislativo trató la ordenanza sobre tablas durante la sesión del pasado 28 de abril. Con cinco votos afirmativos y dos negativos. La normativa establece que la dieta mensual será equivalente al 2% del presupuesto anual municipal, que asciende a 7.400 millones de pesos. Esto representa 148 millones anuales, lo que dividido en 12 meses arroja un monto de aproximadamente $12.333.000 mensuales por cada edil.
En diálogo con medios provinciales, el intendente de Toledo, Sergio Marín, manifestó su sorpresa por la medida y señaló que además se estableció que el incremento sea retroactivo al 1° de enero de 2026. “Nos sorprendió de sobremanera”, afirmó el mandatario.
Marín remarcó que el tratamiento exprés de esta ordenanza contrasta con otros proyectos que permanecen sin resolución. “Dentro de la localidad tenemos varias obras pendientes que están en comisión y no han sido tratadas a la fecha”, expresó, y agregó que lo llamativo fue “la rapidez con que actuaron y sobre todo aplicando esta fórmula”.
El jefe municipal también cuestionó el contexto económico actual y el impacto que podría generar en las cuentas públicas. “Estamos trabajando con el sindicato para poder otorgarle un 10% a los empleados municipales y que tengamos este incremento en cuanto a la planta política la verdad que sorprende”, sostuvo.
En ese sentido, Marín confirmó que la ordenanza será vetada. “Seguramente la vamos a terminar vetando, pero no deja de llamar la atención”, indicó. Además, advirtió que si el Concejo insiste con su aplicación, podrían recurrir a la Justicia para frenarla. “Si no después tendremos que recurrir a la Justicia y declararla inconstitucional”, afirmó.
Por último, el intendente sostuvo que los principales perjudicados serían los vecinos: “Los perjudicados directos son los vecinos de nuestra localidad”, concluyó.