El Gobierno nacional oficializó un nuevo protocolo que autoriza a las fuerzas de seguridad emplear armas de fuego en casi todas las situaciones de intervención frente a un hecho delictivo.
En el reglamento se habilita el uso de armas de fuego de manera flexible frente a un «peligro inminente», que puede ser «actuar bajo amenaza» o ante la presunción de que el sospechoso tenga un arma letal. Además, habilita a emplear el arma de fuego en caso de fuga para lograr una detención.
El artículo 2 de reglamento puesto en vigencia autoriza a las fuerzas de seguridad a emplear el uso de armas de fuego: en defensa propia, para impedir la comisión de un delito, para proceder a la detención o para impedir la fuga.
Esta noticia ha generado revuelo en organizaciones de derechos humanos como la CORREPI, quienes se refirieron a esta ley como «gatillo fácil» y afirmaron que es una «orden de matar con impunidad».
Orden de matar con impunidad: El gatillo fácil es ley
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— CORREPI (@CORREPI) December 3, 2018
Otra de las cosas que modifica esta nueva regulación es la «voz de alto», ya que dispone que no deberá utilizarse «cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso», criterio que queda a discreción del oficial que dispara.