Luego de que la firma de supermercados Carrefour anunciara masivos despidos a razón de «la crisis» que están percibiendo; el Gobierno salió a responder. Se formará un acuerdo para salvar la actividad de esta marca que todavía no fue homologado.
El eje del acuerdo se basa en el proceso preventivo de crisis, que se extenderá hasta 2021, y por el que el Ministerio de Trabajo le permite a Carrefour pagar el 50% de las cargas sociales por un plazo de 18 meses.
Según Letra P, los abogados laboralistas que trabajan en el caso ya hicieron números y concluyeron que el beneficio otorgado a la cadena le hará perder al Estado nacional más de $800 millones en un año y medio.
El «salvataje» fue justificado principalmente por los puestos de trabajo que se perderías. Carrefour tiene en todo el país 19 mil empleados, que cobran un salario promedio de $20.000. Por ellos la cadena paga un 21,5% de contribuciones patronales, entre ellas Seguridad Social, Jubilación y PAMI. Sin contabilizar los aportes sindicales y a las obras sociales. Son, básicamente, los ingresos que el privado le paga al Estado. Así, el 21,5% equivale a unos $4.300 por trabajador, unos $81,7 millones para toda su planta de personal. Dividido a la mitad (lo que pagará Carrefour por el beneficio oficial), ese monto redunda en $40.850.000 mensuales, lo que asciende a unos $531 millones en un año y más de $800 millones en los 18 meses a lo largo de los cuales se extenderá la amnistía impositiva.
El portal recordó que este cálculo no incluye lo que Carrefour se ahorraría por salarios, aportes y contribuciones al no aplicar los aumentos paritarios sobre una parte de las remuneraciones del personal. Este punto refiere a otro ítem del acuerdo: la posibilidad de computar como no remunerativo el aumento del 15% que firmó el Sindicato de Comercio con las patronales de la actividad.
