Las imágenes paralizaban. Allí, en medio de un moderado desorden tras el brutal ataque, yacía el cuerpo de la víctima. Allí estaba, inerte, con el espanto grabado en sus ojos, con las manos rígidas tras intentar defenderse en vano del homicida.
Una tras otras, las imágenes paralizaban. Ya fueran las de plano general, las de plano corto o aquellas que hacían foco en los detalles macabros y truculentos de la escena.
Allí estaba Nora Raquel Dalmasso de Macarrón (51), desnuda y estrangulada sobre una cama. No tuvo piedad el asesino aquel noviembre de hace 11 años.
Y no tuvieron ninguna contemplación o consideración los inescrupulosos policías que, tras haber tenido acceso a las fotos del cadáver en la escena del crimen, comenzaron a ofrecerlas a cambio de billetes, con el acompañamiento de un abogado, a distintos medios de prensa de Córdoba y del país.
Algunos mal llamados comunicadores obtuvieron en CD esas imágenes captadas con máquinas digitales (los celulares aún no sacaban fotos) y no dudaron en difundirlas.
Pasaron 11 años y la situación no cambió. Más bien se agravó.
Hoy, las fotos de escenas criminales captadas por quienes tienen acceso a esos casos (policías, por lo general) ya no se venden: simplemente se divulgan por celular. Y así, como un remolino, empiezan a correr por nuestros móviles de manera imparable, reproduciéndose a un ritmo vertiginoso e, incluso, ventilándose en cuanta red social haya.
En ese marco, no son pocos los periodistas que terminan usándolas como material “de primera”.
El viernes pasado, trascendió un memorándum interno de la Policía de Córdoba en el que se indicó a los jefes de la fuerza que está “prohibida” la toma y, principalmente, la viralización de fotos en hechos delictivos y en procedimientos.
La nota daba cuenta de que ese accionar terminará en sanción disciplinaria.
El memorándum –a destiempo, por cierto– llegó luego de que aparecieron por todos lados imágenes del hombre que sufrió la mutilación de sus genitales en un departamento de barrio Nueva Córdoba, en la capital de la provincia.
Como pasó con Nora, imágenes de todo tipo de ese hombre fueron captadas, según las sospechas, por celulares policiales y se terminaron viralizando a la velocidad de la luz, vía WhatsApp, a celulares de simples usuarios.
En ese marco, varios medios de comunicación llegaron a difundir algunas imágenes truculentas sin valor informativo, afectando por cierto la intimidad de los protagonistas.
El caso del hombre mutilado se agrega a una extensísima serie de terribles episodios criminales ocurridos en los últimos años en Córdoba (y en el país) y cuyas crudas imágenes terminaron viralizadas a diestra y siniestra.
No hay que ser ingenuos ni distraídos.
Todo se inició tiempo atrás, en parte, porque hubo jefes policiales que, en vez de ir al lugar del hecho, mandaban a sus subordinados a tomar imágenes del caso para que luego se las enviaran vía celular, para saber qué había sucedido.
La situación luego se agravó, dado que, si bien los jefes ya comenzaron a ir a los lugares de los crímenes, sus subordinados continuaron sacando fotos, sea por morbo o por una extraña diversión, y siguieron mandándoselas a sus pares. En varios casos, los propios jefes fueron quienes terminaron enviándolas.
Así, imágenes de víctimas, detalles de una escena criminal o tomas de detenidos comenzaron a ser captadas por manos policiales, aprovechando que no había fiscales presentes o valiéndose de la típica demora de la Policía Judicial (única fuerza autorizada a fotografiar) en arribar al lugar del hecho.
Tanto descontrol policial durante años llevó a este actual desmadre, con tantas imágenes truculentas copando celulares.
A nivel judicial, para peor, muchos fiscales parecen mirar para otro lado, aduciendo que no pueden hacer nada.
No lo pensó así Emilio Drazile, quien le pintó los dedos a un sargento por sacar y viralizar tremendas fotos de un cazador asesinado por otros, años atrás, cerca de Alta Gracia. “Abuso de autoridad” y “violación del secreto” de una investigación fue la acusación.
El artículo 157 del Código Penal es claro: recibirá de uno mes a dos años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos.
A nivel interno, no se conocen sanciones importantes, sean pasivas o cesantías, para esta clase de policías.
¿Y nosotros?
Tras recibirlas, ¿qué hacemos luego con esas imágenes en el celular? ¿Las borramos? ¿Las reenviamos? ¿Las compartimos entre los nuestros? ¿Las publicamos?
Está claro que este patético fenómeno tiene dos caras. De un lado, aquellos de uniforme que ignoran la ley; del otro, los ciudadanos, y lo que hacemos con esas fotos.
Como parte de un juego de doble moral, no faltan quienes despotrican ante la circulación de esas imágenes y no obstante dan la opción de “reenviar” en sus celulares.
No menos delicado en esta realidad es lo que terminan (siguen) haciendo distintos medios y periodistas al dar a conocer esa clase de imágenes, bastardeando su propio rol y su labor, sin el más mínimo respeto por las víctimas ni por sus familiares. Ni, claro está, por sus audiencias.
Editorial de La Voz del Interior
